El sector agrícola español atraviesa un momento crítico. En un país donde el campo ha sido siempre la columna vertebral de la economía, hoy en día, una serie de desafíos pone en peligro su sostenibilidad y competitividad. Desde las protestas de los agricultores hasta las políticas europeas que no terminan de dar respuesta a las necesidades del sector, todo indica que el futuro de la agricultura española parece estar en la cuerda floja.
Entre leyes y protestas
La situación crítica del sector agrícola en España no es nueva y las protestas masivas durante 2024 fueron una clara muestra de ello. Entre febrero y junio de ese año, cientos de agricultores se movilizaron en lo que se conoció como las "tractoradas", un tipo de manifestación que se extendió por todo el territorio español, e incluso europeo.
Estas movilizaciones fueron organizadas por asociaciones como ASAJA (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores), COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) y UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos), así como por grupos de agricultores independientes que rechazaban las políticas impulsadas tanto por la Unión Europea como por el gobierno español.
En particular, tres grandes medidas impulsaron estas movilizaciones: la reforma de la Política Agraria Común (PAC), el Pacto Verde Europeo y la Ley de Cadena Alimentaria.
Los agricultores denunciaron que estas medidas, enfocadas en una causa noble como lo es promover una agricultura más sostenible, amenazan su subsistencia al imponer restricciones como la reducción de pesticidas y fertilizantes, favoreciendo así la producción en masa en lugar de la agricultura tradicional.
La situación se complica aún más al analizar los datos del Censo Agrario de 2020 publicado en 2022 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), y los de la Agencia Tributaria. Por un lado, el número de agricultores autónomos ha disminuido un 20% en la última década. Por otro lado, el número de explotaciones agrícolas también ha disminuido considerablemente en los últimos años.
Sin embargo, es llamativo que la superficie destinada al sector sigue siendo prácticamente la misma, lo que significa que las grandes explotaciones acaparan cada vez más la producción. Esta concentración impacta de lleno a la subsistencia de los pequeños agricultores, incluso con los subsidios y ayudas del gobierno.
El efecto de la Política Agraria Común (PAC) en España
Es incuestionable que la Política Agraria Común es una herramienta esencial para la agricultura en Europa. Creada hace más de 60 años, la PAC busca respaldar a los agricultores, garantizar alimentos asequibles para la población y promover la sostenibilidad en el sector rural.
Un ejemplo claro de ello es que, en 2024, se distribuyeron 2.600 millones de euros en pagos anticipados a los agricultores españoles. Una acción beneficiosa que impulsó al sector a continuar avanzando, especialmente durante periodos de crisis financiera.
Críticas y controversias en torno a la PAC
Sin embargo, no todo es positivo. Pese a estos beneficios, el rol de la PAC sigue siendo tema de debates y polémicas. Muchos pequeños y medianos agricultores se sienten frustrados por las restricciones y las exigencias medioambientales que este organismo impone.
La intención de hacer que la agricultura sea más sostenible está bien, y los agricultores son los principales interesados en preservar el ecosistema. Pero las reglas pueden ser difíciles de cumplir, especialmente para aquellos que no tienen los recursos para adaptarse rápidamente.
El uso de menos pesticidas, la reducción de fertilizantes y la implementación de nuevas prácticas más respetuosas con el medio ambiente no siempre son viables para los pequeños productores que ya de por sí enfrentan márgenes de ganancia muy reducidos.
Así pues, aunque la PAC fomenta la sostenibilidad y la economía rural, también podría estar amenazando a los pequeños agricultores, ampliando la desigualdad en la industria agrícola española.
Principales desafíos en el sector agrícola español
Esta etapa compleja que está atravesando el sector agrícola español tiene a los agricultores enfrentando diversos retos. Uno de los más claros es el precio de los productos agrícolas. Muchos no logran cubrir lo que cuesta producir.
A pesar de que existen normativas que buscan prevenir la venta por debajo del costo, en realidad los márgenes continúan siendo muy reducidos, especialmente para los productores de pequeña escala.
También está el problema de la competencia desleal. Muchos productos que vienen del extranjero no tienen que cumplir las mismas normas laborales o ambientales que en España, lo que hace que lleguen a los supermercados más baratos y pongan en desventaja al producto local.
Y, por supuesto, otro factor no menos importante es el cambio climático. En el sureste del país, por ejemplo, la sequía es un problema sostenido. Es verdad que las recientes lluvias en toda la región han dado un pequeño respiro, pero no es suficiente. Las reservas hídricas siguen bajas y no hay garantías de que la situación mejore a largo plazo, dejando a la agricultura tradicional en una situación incierta.
Sembrando el futuro
A pesar de las dificultades, el campo español no se da por vencido ni ha perdido su valor ni potencial. Aún son muchos los agricultores que siguen apostando por su trabajo con esfuerzo y compromiso. Sin embargo, para que el sector avance de forma sostenible y justa, es necesario abordar con seriedad la desigualdad entre grandes y pequeños productores. Las soluciones no pueden ser únicas ni pensadas desde lejos: deben responder a las realidades concretas del territorio.
Sembrar el futuro implica eso: construir un modelo que garantice oportunidades reales para todos, cuide el entorno y mantenga viva la vida rural que alimenta al país y al mundo.